La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante la Resolución N° 2122/2022, aprobó la Política de Integridad y Compliance en el ámbito de las compras públicas que busca garantizar la integridad en los diversos ámbitos de la sociedad y del Estado; y, apunta a fortalecer las acciones nacionales para la prevención del lavado de activos, evasión impositiva y contrabando.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) a la que Paraguay está adherida por Ley N° 2535/2005, llama a cada Estado Parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado; incluyendo las herramientas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación o compra pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones.
“Queremos institucionalizar y dar seguridad a todo el ámbito de la compra pública de cual va a ser la forma de actuar, no solo en cuanto a situación específica sino en todo lo relacionado a un rubro específico de las contrataciones públicas, buscamos evitar el ingreso de recursos financieros de origen irregular, esta nueva política pretende ser la base de actuación de la DNCP en forma institucional y también la base de la acción conjunta con otras instituciones públicas” mencionaba el Director Nacional, Abg. Pablo Seitz.
El Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021-2025) entiende que la contratación pública constituye una de las actividades de mayor riesgo de corrupción y de fraude en todo el mundo, por tal motivo, el plan contempla acciones que fortalezcan la transparencia en los procedimientos de compra pública en todas las fases de contratación.
La Política de Integridad y Compliance busca, en primer lugar, la prevención y detección de recursos financieros irregulares en la ejecución de contratos públicos, por lo que, cada actor del sector privado involucrado directa o indirectamente en la contratación pública, debe asegurar que los recursos que componen su patrimonio no provienen del lavado de dinero y en general de cualquier actividad ilícita.
“Es importante tener en cuenta este aspecto que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado, la lucha ha trascendido a las simples luchas territoriales, la seguridad no debe ser solamente interna, debe ser trasnacional. No es suficiente detener a las personas que forman parte de los grupos del crimen organizado, sino atacar la estructura financiera para lograr debilitarlos”, decía, entre otras cosas la Ministra Asesora de Asuntos de Seguridad, Abg. Cecilia Pérez.
Además, se busca el fomento de la implementación de programas de cumplimiento empresarial (Compliance) y Buen Gobierno Corporativo que consoliden una política de contrataciones del sector privado que ayuden al Estado en su trabajo de prevención y combate a la corrupción.
Sobre este aspecto, entiéndase por programas de cumplimiento empresarial (compliance) y Buen Gobierno Corporativo, al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan; estableciendo mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.
Finalmente, se diseñarán mecanismos y herramientas que aseguren la honestidad en el intercambio de información, la trazabilidad y la transparencia de la toma de decisiones en los procedimientos de compras públicas, la abstención de todo conflicto de interés, la integridad en el trato con servidores públicos, así como el fomento de la competencia leal en el ámbito de las contrataciones públicas.
Aquellos interesados en ampliar la información sobre esta nueva resolución pueden descargarla ingresando a la pestaña de Marco Legal disponible en www.contrataciones.gov.py