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Publicada viernes, 19 de agosto de 2016 - 12:16

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ha iniciado en los últimos meses una fuerte campaña a favor de la transparencia y en contra de la corrupción en los procesos de compras de las diferentes entidades del Estado.


En ese sentido, se han fortalecido las áreas de la Dirección Jurídica, entre ellas el Departamento de Protestas.


Cuando las empresas interesadas en presentar oferta en alguna licitación pública consideran que existe alguna irregularidad plasmada en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación o en la Adjudicación, pueden presentar una protesta ante la DNCP para que el hecho sea subsanado.


La Protesta es una herramienta importante de control ciudadano porque son los propios oferentes quienes alertan a la DNCP de posibles irregularidades en los procesos de contratación pública. De esta forma, las empresas proveedoras se convierten en valiosos aliados para la DNCP y juegan un papel preponderante en cuanto al control de la regularidad de los procedimientos licitatorios.


Las estadísticas demuestran que las empresas proveedoras confían cada vez más en la intervención efectiva, objetiva y justa de la DNCP y como prueba de ello, se ha incrementado la cantidad de protestas contra el pliego de bases y condiciones presentadas. El aumento de protestas contra el pliego es un dato alentador, ya que indica que las empresas tienen un rol más proactivo y crítico y consideran oportuna la actuación de la DNCP, durante la etapa de la convocatoria (antes de la apertura de ofertas) y no esperan hasta la adjudicación para impugnar.


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Este aumento de protestas ingresadas se registra también gracias a la posibilidad que tienen de presentarlas a través de la web. A la fecha se han tramitado más de 400 procesos de manera electrónica.

De igual manera cabe destacar que si bien el año pasado se había logrado la tramitación de las protestas en un tiempo récord de un promedio de 30 días, a la fecha, la tramitación de las protestas se logra en un promedio de 26 días, pese incluso al incremento de procesos ingresados.